El principal tema de discusión en los editoriales de los periódicos y en los programas de tertulia radiofónica en estos días en mi país, Chile, es la privacidad de los mensajes de WhatsApp. Como mencioné en una entrada anterior, las filtraciones se han vuelto un tema recurrente en la medida en que los medios online y las redes sociales han ido ganado terreno.
La pregunta es si, cuando se filtran conversaciones privadas entre dos personas públicas, es o no ético que la prensa se haga eco de ellas. Está claro que al divulgarlas se está dando a conocer información privada, lo que podría afectar a la imagen pública de sus protagonistas. Y es aquí donde el asunto no solo incumbe a los abogados, sino también a las agencias de comunicación, especializadas en la gestión de crisis e imagen pública.
El debate se centra en quien filtra la información y, principalmente, en la prensa que lo reproduce. En una sociedad democrática, la labor de los medios de comunicación es esencial y el derecho de la ciudadanía a conocer la actividad de sus gobernantes está consagrado en la declaración de principios de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establece que los funcionarios públicos deben ser sometidos a un escrutinio distinto que los ciudadanos comunes. Por ello, calificar a la prensa que los divulga podría ser una afirmación liviana y un arma de doble filo.
Luego vienen afirmaciones como “los medios mienten”. En tiempos donde la viralización de mensajes es inmediata y las emociones predominan sobre el análisis pausado, cualquier denuncia pueden convertirse en tendencia.
Según el editorial de un importante medio de comunicación nacional: “la decisión de publicar o no está definida por el eventual carácter ilícito de los hechos”.
Una conclusión liviana para nuestros clientes y lectores debería ser: piense dos veces antes de hacer una afirmación por WhatsApp. Por muy de confianza que parezca la persona que está al otro lado, una vez esta desempeñe un cargo público o un alto cargo de una empresa de interés que por ejemplo cotice en bolsa, sus acciones afectan a miles de personas.
Lo primero, por supuesto, es actuar con ética, pero, para los que trabajamos con imagen pública, lo segundo es entender que hoy el límite entre lo público y lo privado está cada vez más borroso.
A lo anterior, como asesora en comunicación, añadiría que el lector recuerde que detrás de esa filtración puede haber una estrategia comunicacional de una contraparte para desprestigiar e instalar un relato en la opinión pública, en especial si se trata de política o dinero. Y frente a un blindaje de este tipo no se podrá defender solo con un estudio de abogados, sino que también se requiere una empresa de comunicación con expertos en descifrar esos mensajes y acciones concretas para contrarrestarlos.